El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto con otras 10 organizaciones sociales, denunció esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las múltiples violaciones que se han perpetrado bajo el proyecto que busca construir un canal interoceánico en Nicaragua. 

Foto Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

“La concesión canalera, que incluye más de 10 mega-proyectos, fue asignada a un solo proveedor, a quien se le entregaron derechos exclusivos de desarrollo y operación potencialmente por más de 116 años”, apuntó Luis Carlos Buob, abogado de CEJIL.

“El proyecto de ley del canal se aprobó en un apresurado y anómalo proceso legislativo de apenas 8 días, bajo desinformación general, falta de análisis, ausencia de consulta pública y violación a la soberanía nacional”, concluyó.

En un comunicado, el CEJIL detalló que la construcción del canal abarca una franja territorial de 278 kilómetros de largo, con un área de influencia de 10 kilómetros a ambos lados. Esto supone una construcción tres veces más grande que el Canal de Panamá, significando la mayor remoción de tierra y sedimentos nunca antes vista en el mundo.

Organizaciones ambientales también han manifestado su preocupación, ya que la ruta del canal afectará a 7 áreas protegidas, destruirá 193 mil hectáreas de bosques diversos y supondrá una amenaza de contaminación para el Gran Lago Cocibolca, que constituye el reservorio de agua dulce más importante de Centroamérica, informó el CEJIL.

Las organizaciones denunciantes también expresaron su preocupación por las omisiones del Estado en materia de consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes, grupos que se encuentran presentes en el 52% de la ruta canalera y serán afectados por el proceso de expropiación de tierras y violados sus derechos territoriales, de participación y autodeterminación.

A esta cifra hay que añadirle las 119.000 personas que podrían verse desplazadas, según detalló el CEJIL.

En la denuncia también se expuso la represión de la movilización ciudadana, la agresión policial y las detenciones ilegales que han acontecido en el contexto de las marchas realizadas en El Tule y Rivas en diciembre de 2014, donde fuerzas policiales desarticularon con violencia las manifestaciones populares.

Para los peticionarios de la audiencia, las situaciones descritas generan violaciones tanto a derechos sociales y culturales como civiles y políticos.

Las organizaciones denunciantes solicitaron a la CIDH que realice una visita oficial a Nicaragua y que éste informe de manera detallada los alcances y las consecuencias de la ejecución del proyecto, promoviendo un debate amplio y transparente, que implemente mecanismos de consulta con la población.

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