El gobierno nacional y los de las provincias de Río Negro y Neuquén buscan un acuerdo social para garantizar la temporada frutícola sin sobresaltos ni medidas de fuerza, como se vienen sucediendo en los últimos años, y paralelamente se reclaman acciones para afrontar la crisis del sector.

En enero comienza la temporada de cosecha de peras y manzanas en los valles de la Patagonia Norte, y las autoridades iniciaron una etapa de diálogo con los gremios y referentes del sector en busca de liberar de conflictos a la actividad, aunque ayer algunos chacareros realizaron una manifestación con tractores a la vera de la ruta 22 en reclamo por medidas para la actividad.

Los gremios del empaque, trabajadores rurales y de las cámaras frigoríficas también mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Trabajo y Agricultura, donde se les garantizó la apertura del diálogo con el sector empresarial para discutir mejoras salariales, aunque se les pidió "responsabilidad y razonabilidad" en los planteos.

El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, anunció a los gobiernos provinciales, a partir de este mes y hasta marzo, el reintegro correspondiente al IVA y retención a las importaciones del sector empacador -por las ventas de 2010-, equivalente a unos 28 millones de pesos y un aporte de 10 millones para inversión en infraestructura de las plantas de empaque y frigoríficos de fruta.

El anuncio no convenció al gobierno rionegrino. "No responde a las necesidades del sector en la medida de las respuestas que se requieren", afirmó Carlos Colavita, secretario de Fruticultura provincial, que detalló que el sector tendrá un déficit de US$ 80 millones en la temporada que se inicia.

Sin embargo, desde el oficialismo, el senador Miguel Pichetto aseguró que se trabaja en buscar soluciones que no pueden ser "mágicas" de un día para otro. El gobernador Miguel Saiz graficó el escenario del sector, que conduce a un déficit operativo producto del incremento de los costos en un 25% y el estrecho vínculo con los tipos de cambio de los mercados compradores de la fruta de pepita.

El gobierno nacional y los de las provincias de Río Negro y Neuquén buscan un acuerdo social para garantizar la temporada frutícola sin sobresaltos ni medidas de fuerza, como se vienen sucediendo en los últimos años, y paralelamente se reclaman acciones para afrontar la crisis del sector.

En enero comienza la temporada de cosecha de peras y manzanas en los valles de la Patagonia Norte, y las autoridades iniciaron una etapa de diálogo con los gremios y referentes del sector en busca de liberar de conflictos a la actividad, aunque ayer algunos chacareros realizaron una manifestación con tractores a la vera de la ruta 22 en reclamo por medidas para la actividad.

Los gremios del empaque, trabajadores rurales y de las cámaras frigoríficas también mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Trabajo y Agricultura, donde se les garantizó la apertura del diálogo con el sector empresarial para discutir mejoras salariales, aunque se les pidió "responsabilidad y razonabilidad" en los planteos.

El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, anunció a los gobiernos provinciales, a partir de este mes y hasta marzo, el reintegro correspondiente al IVA y retención a las importaciones del sector empacador -por las ventas de 2010-, equivalente a unos 28 millones de pesos y un aporte de 10 millones para inversión en infraestructura de las plantas de empaque y frigoríficos de fruta.

El anuncio no convenció al gobierno rionegrino. "No responde a las necesidades del sector en la medida de las respuestas que se requieren", afirmó Carlos Colavita, secretario de Fruticultura provincial, que detalló que el sector tendrá un déficit de US$ 80 millones en la temporada que se inicia.

Sin embargo, desde el oficialismo, el senador Miguel Pichetto aseguró que se trabaja en buscar soluciones que no pueden ser "mágicas" de un día para otro. El gobernador Miguel Saiz graficó el escenario del sector, que conduce a un déficit operativo producto del incremento de los costos en un 25% y el estrecho vínculo con los tipos de cambio de los mercados compradores de la fruta de pepita.

Fuente: La Nación