El bloque de legisladores de la Concertación presentó un proyecto de comunicación donde solicita se constituyan las mesas frutícolas previstas por las leyes de Transparencia Nº 3611 y de Contractualización Nº 3993 con la participación de los sectores que las mismas establecen.

La iniciativa alude también a un pedido al Poder Ejecutivo Nacional para que ponga en marcha el Plan Integral Frutícola comprometido por la Presidenta de la Nación oportunamente. Y manifiestan la necesidad de sancionar una ley Nacional de Producción y Comercialización Frutícola que incluya decididamente dentro de sus aspectos resolutivos, a la Transparencia Frutícola como requisito indispensable para el normal desenvolvimiento del negocio en todo el país.

Los legisladores manifestaron que se trata de la locomotora económica y social más fuerte de la norpatagonia argentina, y que Río Negro participa con casi un 25% de su PBG, que tiene 100 años de historia, que ocupa directamente a más de 60 mil empleos, que exporta unos 700 millones de dólares, que aúna en sí mismo a los tres sectores de la economía (primario, secundario y terciario), que es una economía regional “tipo de cambio dependiente”, que cuenta con más de 4000 productores en más de 57 mil hectáreas, que es una actividad tomadora y no formadora de precios. Es un negocio con múltiples variables que deben ser consideradas a la hora de evaluar los rindes, los costos y los beneficios o las pérdidas.

Aunque existe otra variable que resulta indispensable para que el sistema todo sea competitivo, sobretodo para el eslabón más débil de la cadena: el productor primario. Dicha variable es la TRANSPARENCIA. Se trata de establecer costos y precios que podrá obtener para que su negocio resulte rentable. La provincia avanzó muy decididamente en dicho tópico cuando sancionó las leyes 3611-de Transparencia y Mediación y la 3993-de Contractualización.

Ambas normas hermanas, fueron un mojón en la producción frutícola ya que posibilitaron que, como en todo negocio, se propendiera a una más justa distribución de la riqueza y que exista un contrato cierto al que los productores pudiesen echar mano a la hora de reclamar por un precio justo cuando entregaran su mercancía.

Las leyes mencionadas están vigentes, no han sido derogadas y por lo tanto deben cumplirse dentro del marco que la Constitución Nacional, Provincial y las normas vigentes imponen a todos los ciudadanos.

Además recordaron que cuando se trabajó en el malogrado Plan Integral Frutícola, en forma participativa y mancomunada entre todos los integrantes del negocio más las Universidades, los Institutos de Tecnología, los Estados Nacional y Provincial, en uno de sus capítulos, se incluyó expresamente el tema de la Transparencia.

Dicho Plan estratégico y de mediano y largo plazo, fue hasta resaltado y puesto en vigencia por la mismísima Presidenta de la Nación en la ciudad de Villa Regina, hasta que lamentablemente se lo dejó caer y al día de hoy todavía se espera por una propuesta superadora del mismo. Si la hay, ya que se habló y puso en marcha un “Observatorio de Precios” que no cumplió ninguna función y se mencionó que se trabajaría en una Ley Nacional del Negocio Frutícola (con el tema de la transparencia incluido) que todavía es una promesa

Fuente: APP