Con el fin de modernizar sus procesos regulatorios el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) realizó la ceremonia de cierre del proyecto “Fortalecimiento de los sistemas normativos de México y Chile: Implementación de herramientas de mejora regulatoria en el CONAMER y el SAG para una política de Estado”.

Esta iniciativa busca establecer una política regulatoria institucional de acuerdo a las necesidades de sus usuarios; con el propósito de ser más eficiente y contribuir a una mayor productividad e inversión en el sector silvoagropecuario.

Asimismo, este proyecto permitirá al SAG eliminar la excesiva carga de trámites, los que afectan la competitividad, productividad y el emprendimiento, según detallaron desde el servicio.

El Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, comentó que “la iniciativa se ajusta a los compromisos asumidos por la Comisión Asesora de Agilización de Normativa del Servicio, constituida por el Ministerio de Agricultura. Trabajo público privado, que busca modernizar los procesos regulatorios de nuestra institución con el fin de abrir nuevas oportunidades para el sector de manera conjunta y coordinada”.

“Con la nueva política regulatoria que se implementará en el SAG le damos un giro moderno y competitivo, situando al Servicio en una posición de avanzada en materia de calidad regulatoria”, destacó Bórquez.

Por su parte, el subsecretario de agricultura, Alfonso Vargas felicitó al SAG por su “permanente búsqueda de mejoras en sus procesos y por mantenerse a la vanguardia en cada una de sus áreas de actuación”.

“En lo que concierne al futuro, tenemos la certeza que luego de este proyecto, las capacidades y aprendizajes adquiridos por el SAG permitirán que, dentro de su proceso regulatorio, prime el valor de la calidad regulatoria como valor anhelado a nivel internacional, el cual constituye el principal objetivo que nos ha establecido la OCDE”, agregó Vargas.

El proyecto, encabezado por la División Jurídica del Servicio, durante 18 meses se abocó a trabajar en conjunto con las divisiones técnicas en un diagnóstico del proceso regulatorio institucional, desde una mirada crítica pero constructiva.

De esta manera el Servicio busca aplicar buenas prácticas regulatorias que apuntan a una mayor participación de todos los actores, desde la gestación de la iniciativa, analizando la regulación no sólo desde un punto de vista técnico sanitario, sino también incorporando análisis económico, social y ambiental.

“Una de las principales conclusiones de este proyecto es que debemos aspirar a la gobernanza como orientación y práctica. La gobernanza en la determinación de la política pública permite que la regulación y decisiones que se adopten sean de mejor calidad, más eficaces y eficientes; ya que incorporan a los destinatarios de la regulación y la política en el proceso de adopción de las mismas”, precisó el subsecretario.