Columna: El inentendible veto presidencial al proyecto de ley que agilizaba solicitudes de derechos de agua

Por Sebastián Leiva, Socio Araya & Cía. Abogados.

Retroceso inexplicable para los agricultores: el Presidente Gabriel Boric vetó su propia propuesta dentro del proyecto de ley de simplificación regulatoria para intentar reactivar la economía, que facilitaba el uso transitorio de derechos de agua mientras los trámites ante la DGA se resolvían.

Esta medida clave para enfrentar los atrasos administrativos, fue retirada sorpresivamente, dejando a muchos regantes expuestos frente a cobros por no uso, fiscalizaciones y riesgos de caducidad. ¿Qué viene ahora? El Senado tiene la palabra.

Sebastián Leiva, Socio Araya & Cía. Abogados.

Con fecha 7 de enero, el Gobierno -a través del Ministerio de Hacienda- presentó a la Cámara de Diputados uno de sus Proyectos de Ley insignes para reactivar la economía, simplificando normas regulatorias para intentar salir del estancamiento visto actualmente en Chile.

El Congreso aprobó el “Proyecto de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica”, luego de una rápida tramitación, debido a la coyuntura económica desfavorable del país. Sin embargo, de una forma totalmente sorpresiva, y hasta contradictoria con la intención del Gobierno, el Presidente de la República decidió presentar un veto a su propio Proyecto de Ley, en lo que se refiere al Código de Aguas.

Esta es una facultad que el mandatario que puede utilizar cuando está en desacuerdo con un proyecto ya aprobado por el Congreso y listo para ser publicado.  Lo curioso de este caso, no obstante, es que el Presidente vetó normas que él mismo había propuesto, algo inusual en la historia republicana de nuestro país.

Lo delicado para el agro, es que el presidente Boric eliminó la modificación que buscaba flexibilizar la prohibición absoluta de autorizar cambios de punto de captación en acuíferos ubicados en zonas de prohibición. Aquello, respecto de derechos de aprovechamiento de aguas con patentes por no uso, o bien con cambios de puntos captación pendientes antes de la declaratoria.

En segundo lugar, eliminó la autorización transitoria para el traslado o cambio de punto de captación de derechos de aprovechamiento de aguas, mientras se tramite la solicitud definitiva ante la DGA.

Esta propuesta hubiese permitido solucionar los graves problemas generados por el excesivo atraso de la DGA en resolver las solicitudes pendientes, y otorgar la posibilidad de utilizar las aguas, mientras se encontraba pendiente el trámite ante dicho Servicio. Esta posibilidad, que vetó el Presidente, resolvía los efectos que provocaba la demora de la autoridad en resolver expedientes, como el cobro de patentes y/o caducidad por no uso de los derechos de aguas, y fiscalizaciones para casos en que sí existen derechos constituidos.

Este veto presidencial, además de ser un grave retroceso en materia de derechos de aguas y una falta de comprensión de la gestión actual de la DGA, significa un evidente atraso en la tramitación del Proyecto de Ley, que se encontraba listo para ser publicado.

¿En qué está el Proyecto de Ley? La Cámara de Diputados aprobó el veto, por lo que el Proyecto fue enviado al Senado. Veremos qué ocurre aquí.

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