En 2019, tras detectar en puertos europeos en solo dos meses y en hasta siete partidas importadas de cítricos tunecinos la presencia de ‘Mancha negra’ (Citrus Black Spot (CBS) o Phyllosticta citricarpa), sus autoridades confirmaron por primera vez la presencia de esta enfermedad en el noreste del país, en la gobernación de Nabeul, y se declaró oficialmente un área infectada de 2.000 hectáreas.

Aquello fue un hito mayúsculo, pues era la primera vez que este patógeno -considerado el hongo más peligroso de la citricultura y cuyo combate está regulado en la Unión Europea como 'prioritario'- se localizaba en un país mediterráneo, en una zona productiva tan cálida como la española.

Por medio de un comunicado, el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), señaló que la detección en una región con esas características climáticas, desmiente décadas de trabajos y esfuerzos por parte de Sudáfrica negando que el CBS pudiera adaptarse a unas condiciones de temperatura y régimen de lluvias como las de España.

Un artículo científico publicado en la revista Journal of Phytopathology titulado 'Distribución geográfica, prevalencia e incidencia de la Mancha negra de los cítricos causada por Phyllosticta citricarpa en Túnez', alerta que, menos de un lustro después de aquella detección, la enfermedad está totalmente extendida en las áreas citrícolas de ese país, no sólo en Nabeul sino también en Sousse.

Para la CGC este trabajo se conoce en el momento más oportuno, justo después de que el gobierno de Sudáfrica llamara a consultas en la Organización Mundial del Comercio a la Comisión Europea (CE), para cuestionar la normativa comunitaria que pretende evitar que las importaciones de cítricos procedentes de países como Sudáfrica puedan estar contaminadas por este hongo.

A juicio de la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu, este nuevo estudio “evidencia la necesidad de mantener e incluso reforzar estas medidas de control, basadas en tratamientos fungicidas e inspecciones en origen, así como la falta de credibilidad científica de los exportadores de este país y de sus autoridades”.

El artículo, publicado en marzo, recoge una investigación promovida desde las propias autoridades de Túnez, absolutamente transparente, con prospecciones y cuantificación de daños. El trabajo pone de manifiesto que no se trata de una detección anecdótica, ya que evalúa la gravedad de la afección y sus consecuencias, así como el riesgo fitosanitario y económico que representaría su entrada en territorios citrícolas de la Unión Europea.

Sus conclusiones ratifican los sucesivos dictámenes elaborados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria presentados en 2008, 2014 y revisados en 2018, que son la base científica que la CE utiliza para defender la normativa europea actual, ahora nuevamente cuestionada en la Organización Mundial de Comercio, como ya ocurrió en 2014, y que no sólo se aplica a Sudáfrica sino también a Argentina, Uruguay, Brasil y Zimbaue, potencias exportadoras de cítricos que sufren esta enfermedad.

Otro trabajo del Instituto Valenciano de Investigaciones Agraria, acreditó mediante modelos matemáticos de posibles infecciones, la idoneidad climática de la cuenca mediterránea para el desarrollo del CBS. El artículo, como todos los anteriores realizados desde otras zonas del planeta afectadas, confirma que no existe ningún caso exitoso de erradicación de la ‘Mancha negra’ tras su introducción.

En todos estos países, detalla el comunicado de la CGC, son necesarios entre 4 y 6 tratamientos fungicidas al año para obtener un control aceptable de la enfermedad, algo que en el caso de la Unión Europea con las restricciones fitosanitarias actuales, más las derivadas de la 'Estrategia de la Granja a la Mesa', sería un objetivo casi imposible.

El estudio tunecino pone el acento en que en las parcelas donde no se ha tratado con fungicidas los daños se elevan casi al 100% de la cosecha. El récord de interceptaciones en recintos portuarios europeos registrado en los últimos tres años, que la CE ha confirmado que en 2023 se elevaron a 48, a 32 en 2022 y a 43 en 2021, ratificaría que “el problema no es la normativa, es su incumplimiento reiterado, que lo único que pretende Sudáfrica con su acción ante la Organización Mundial de Comercio es evitar que la CE les exija recurrir a los fungicidas eficaces que ya deberían estar usando, o que los envíos a la Unión Europea se realicen solo desde zonas exentas, como ya le exige a Estados Unidos por ejemplo, o incluso retrasar una posible decisión sobre un cierre automático cuando los problemas vuelvan a repetirse esta próxima campaña”, señala a este respecto Sanfeliu.

De la gravedad de la afección del CBS da una idea la carta que, hace tan sólo unas semanas, dirigió la propia CE a las autoridades sudafricanas en su contestación a la llamada a consultas en el citado organismo internacional. Efectivamente, en este escrito el ejecutivo comunitario reseñó que el impacto económico resultante de la hipotética instalación del CBS en las zonas citrícolas comunitarias ascendería, según los estudios de la EFSA, a 1.182 millones de euros.