Chiquita Brands sigue debatiendo acusaciones sobre pagos a un grupo paramilitar colombiano, en un caso que ya lleva más de dos décadas de litigación. Este mes, el juez Kenneth A. Marra desestimó tres testigos expertos ofrecidos tanto por la empresa bananera (dos), como por los demandantes (uno).

Chiquita enfrenta acusaciones de financiamiento al grupo paramilitar derechista colombiano Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual está vinculado a casos de violencia en contra de civiles a finales de los 90 y principios de los 2000.

Mientras el caso sigue su curso en Florida, Estados Unidos, el juez Marra rechazó tres de los once peritos recusados. 

La copresidenta del Centro de Derechos Humanos de Duke, Robin Kirk, quien los demandantes esperaban que testificara sobre la violencia de las AUC contra la población civil, fue rechazada por Marra al no haber presentado un reporte de experta. 

Los otros dos testigos rechazados fueron presentados por Chiquita e incluyeron al investigador privado Andrés Otero Leongomez y al ex agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), David Gaddis.

Se esperaba que Otero Leongomez desacreditara a dos ex comandantes de las AUC sobre si los pagos de Chiquita al grupo paramilitar eran voluntarios o producto de la extorsión. El juez Marra consideró que el testigo carecía de interacciones personales con los dos antiguos miembros de las AUC.

En cuanto a Gaddis, Marra decidió limitar su testimonio a su área de expertise. Los demandantes argumentan que Gaddis desconocía los pagos de Chiquita a las AUC durante su años de servicio en la DEA.

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¿De qué acusan a Chiquita?

Los tribunales determinaron que la empresa había efectuado varios pagos entre 1997 y 2004 a las AUC, bajo el concepto de "servicios de seguridad". Chiquita argumentó que dichos pagos eran, de hecho, extorsiones en respuesta a las violentas amenazas contra los trabajadores y las propiedades de la compañía en Colombia.

Las AUC fueron declaradas oficialmente organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2001. 

Sin embargo, las pruebas presentadas por los demandantes esperan demostrar que la empresa actuó más por interés material que por instinto de conservación. 

A lo largo de años de litigios, las AUC han sido declaradas responsables de numerosos atentados contra civiles, así como también de "represalias" contra sindicatos de trabajadores.

La cuestión central en el caso es si Chiquita "actuó razonablemente al tratar con las AUC y si los pagos realizados a las AUC ayudaron materialmente a las AUC a llevar a cabo sus acciones ilegales", señalan los documentos judiciales.

El caso se ha topado con múltiples obstáculos. El 30 de marzo, el abogado de Chiquita presentó una moción de emergencia en relación con un seminario web titulado "La verdad sobre Chiquita", que se anunciaba en el sitio web de EarthRights, que representa a familiares de sindicalistas, trabajadores del sector bananero y activistas sociales perseguidos por las AUC. El grupo presentó una demanda colectiva contra Chiquita en nombre de las familias colombianas afectadas en 2007.

La moción de urgencia argumentaba que el webinar podía ser "visto en cualquier parte del mundo, incluidos los medios de comunicación y los posibles miembros del jurado en este caso". 

Los argumentos de Chiquita se amparaban en la Regla Local 77.2(g) del Distrito Sur de Florida, que establece que "un abogado o bufete de abogados asociado a una acción civil no podrá, durante su investigación o litigio, hacer o participar en la realización de una declaración extrajudicial."

La decisión del juez Marra de eliminar a dos testigos y limitar la participación de un tercero, se produce antes de dos juicios fijados para el 22 de abril y mediados de julio. El caso contra Chiquita está pendiente desde 2008.