Millonario conflicto sacude a la industria cerecera chilena

Un nuevo conflicto remece a la industria cerecera chilena. La exportadora Mor Fruit —a través de su representación legal— inició una serie de acciones judiciales en contra del productor Ricardo Duch y su socio Cristián Heinsohn, en el marco de un negocio de exportación de cerezas que terminó en pérdidas millonarias para la exportadora y los inversionistas extranjeros, no así para Duch y su socio.

Hay acusaciones cruzadas de incumplimiento contractual, pero Mor Fruit acusa fraude, desacato y otras figuras de mayor gravedad.

Portalfruticola.com conversó en exclusiva con el abogado a cargo de las causas, Álvaro Jofré, socio fundador de Jofré y Cía., estudio que representa al empresario Eduardo Espinosa, exportador de cerezas de Curicó y a Mor Fruit.

El jurista indicó que el caso se origina en 2024, cuando inversionistas chinos interesados en adquirir cerezas chilenas canalizaron recursos a través de la exportadora Baron Export, representada por Espinosa, para financiar la producción de fruta. El modelo, habitual en la industria, contemplaba anticipos de dinero a cuenta del precio final de venta.

Detalló que “en total, se transfirieron cerca de US$ 3 millones al productor, incluyendo un anticipo de precio y un crédito adicional de US$ 800 mil”.

Fotografía referencial | Archivo.

El asesor legal señaló que, tras la cosecha y comercialización en China de la fruta, los resultados fueron significativamente negativos, debido a que la temporada estuvo marcada por bajos precios y problemas de condición de la fruta, lo que derivó en una liquidación final desfavorable.

Según lo establecido en el contrato, “estos anticipos no correspondían a un precio mínimo garantizado, sino que debían ajustarse a la liquidación final. En consecuencia, el resultado arrojó una deuda del productor hacia la exportadora por más de US$ 3 millones”, explicó Jofré.

Quiebre de confianza y escalada judicial

Pese a lo anterior, la contraparte —liderada por Duch— no habría reconocido la deuda ni aceptado mecanismos de pago o reestructuración. Por el contrario, las negociaciones se dilataron durante meses sin resultados concretos, hasta derivar en un conflicto judicial.

Al respecto, el representante de la Exportadora Barón, Eduardo Espinosa, comentó que “todos en la cadena perdieron dinero, excepto el productor, que recibió los anticipos y no devolvió nada”.

Además, acusó que la rentabilidad obtenida por el productor habría sido completamente desalineada con los resultados de la industria en esa temporada.

Álvaro Jofré explicó que el caso derivó en dos acciones principales: una demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, orientada a exigir el cumplimiento del contrato —incluyendo la entrega de fruta comprometida por ocho años—, y una querella criminal por estafa y apropiación indebida presentada en el Juzgado de Garantía de San Felipe.

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Acciones legales 

De acuerdo con la investigación, uno de los aspectos más graves del conflicto es la presunta existencia de contratos paralelos sobre la misma producción de fruta, que habría sido vendida al menos a tres empresas distintas en diferentes momentos, generando obligaciones simultáneas imposibles de cumplir.

Además, se acusa que el productor habría ocultado que parte de la fruta ya estaba previamente comprometida y bajo prenda con otra exportadora, lo que obligó a realizar complejas negociaciones para liberar temporalmente esos activos.

“Nos encontramos con que la misma fruta estaba vendida varias veces. Eso no solo es un incumplimiento, sino que podría configurar un delito”, afirmó el abogado.

La disputa también incluye denuncias por movimientos societarios que habrían tenido como objetivo evitar el cumplimiento de futuras sentencias. Entre ellos, la división de la sociedad original, Agrícola Potrero Grande, y el traspaso de activos clave, como campos productivos, a nuevas entidades. A ello se suma que Duch utiliza numerosas sociedades de nombres muy similares para intentar escapar de sus obligaciones, sostuvo el abogado.

Incluso, el abogado señaló que la transferencia de un inmueble de una sociedad deudora a otra nueva y sin deuda se realizó el mismo día en que un tribunal intentaba establecer garantías sobre dichos bienes, lo que “refuerza la tesis de una estrategia deliberada para eludir responsabilidades”.

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A ello se suma una querella por desacato, luego de que, según los demandantes, el productor incumpliera una orden arbitral que lo obligaba a entregar la fruta correspondiente a la temporada recién pasada, optando en cambio por comercializarla con un tercero.

El representante de Jofré y Cía., comentó que “lo que comenzó como una disputa por una deuda superior a US$ 3 millones y delito de estafa, hoy se ha transformado en un entramado judicial con al menos 10 causas activas, incluyendo acciones civiles, arbitrales y penales”.

Según explicó el abogado, cada nueva conducta —como el traspaso de activos, el incumplimiento de órdenes judiciales o la venta de fruta comprometida— ha obligado a abrir nuevas líneas de acción. “Esto partió como un cobro de deuda y una querella por estafa, pero se ha ido ampliando porque cada intento de eludir el cumplimiento genera un nuevo ilícito”, sostuvo Jofré. Es así como actualmente hay 10 acciones judiciales en contra de Ricardo Duch a partir de este caso.

Un caso inédito en la industria cerecera

Más allá del conflicto puntual, el caso ha encendido alertas en el sector exportador. De acuerdo con el abogado, no existen precedentes en Chile de litigios de esta naturaleza impulsados por inversionistas extranjeros —particularmente chinos— contra productores locales por resultados de liquidaciones.

Históricamente, las pérdidas eran asumidas por los inversionistas sin recurrir a tribunales, lo que habría permitido la persistencia de prácticas informales.

“Durante años, este fue un mercado donde primaba la palabra y las relaciones de largo plazo. Hoy, con montos mucho mayores en juego, eso ya no es suficiente”, señaló Espinosa.

“La industria tiene que ordenarse. No podemos seguir funcionando así, porque perdemos credibilidad frente a los inversionistas extranjeros, además de poner en riesgo una actividad tan importante para la región, como es la producción y venta de cerezas”, advirtió Espinosa.

El caso también podría marcar un precedente relevante en la forma en que se estructuran los contratos agrícolas y las garantías en operaciones internacionales, especialmente en un contexto donde la industria enfrenta mayor volatilidad de precios y exigencias comerciales.

Mientras las acciones judiciales avanzan en paralelo —tanto en sede civil, arbitral como penal—, el desenlace de este conflicto será seguido de cerca por productores, exportadores e inversionistas, en un rubro donde la confianza ha sido históricamente uno de sus principales activos.

*Fotografía principal generada con inteligencia artificial.

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