Chiquita Panamá despide a sus últimos trabajadores en Bocas del Toro

Por medio de un comunicado, Chiquita Panamá e Ilara Holding INC., informaron el despido de los 1.189 trabajadores diarios que aún mantenían relación laboral vigente.
Estos trabajadores no se incluyeron en la causal de despido por abandono de trabajo, que sí afectó a otros jornaleros que se unieron a manifestaciones en la zona que fueron parte de protestas a nivel nacional, por temas como una reforma al sistema de seguridad social que, según los manifestantes bananeros, afectaría sus futuras pensiones.
La huelga paralizó las operaciones de siembra, empaque y exportación de banano de Chiquita en Bocas del Toro, lo que llevó al cierre de fincas.
Para los despidos finales recientemente anunciados, la bananera recibió la autorización por medio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en la que se autoriza el despido "por causa económica".
"Se reitera que esta decisión ha sido debidamente autorizada por el Mitradel, cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos", indica el comunicado.
Los despidos serán efectivos a partir del 18 de julio.
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A finales de mayo, Chiquita Panamá ya había despedido a cerca de 5 mil personas, por el “abandono injustificado de labores en nuestras fincas y centros de operación desde el pasado 28 de abril y que continúa a esta fecha”. Luego, a inicios de junio, la gerencia de la empresa abandonó el país y prescindieron de los servicios de 60 personas de la parte administrativa.
En reiteradas ocasiones Chiquita Panamá hizo un llamado a sus trabajadores a retomar sus funciones para minimizar el impacto en las plantaciones por lo perecible del producto, así como por las millonarias pérdidas en producción y exportación de cajas de banano.
La huelga llegó a su fin el 11 de junio, luego que los sindicatos SITRAIBANA y SITRAPBI firmaran un acuerdo con la Junta Directiva Ampliada de la Asamblea Nacional tras dos días de conversaciones. En la cita se alcanzó un acuerdo sobre las pensiones, con el Parlamento comprometiéndose a aprobar un proyecto de ley que restituya los beneficios a los trabajadores.