El Poder Ejecutivo Provincial [Río Negro] envió a la Legislatura el Proyecto de Ley con Acuerdo General de Ministros para implementar el "Plan para una Fruticultura Sustentable".

Fotografía Gobierno de Río Negro

El mismo apunta a lograr una mayor competitividad de esta actividad económica en la Provincia, al tiempo que crea un fondo específico de financiamiento.

El objetivo es la implementación de una política de Estado que asegure su continuidad en el tiempo, instrumentando políticas activas para que los actores del sector, especialmente los pequeños y medianos, puedan continuar en la actividad realizando las transformaciones necesarias para alcanzar la sustentabilidad económica, social y ambiental.

En el proyecto rubricado por el gobernador Alberto Weretilneck, se destaca que la ley propuesta incorpora como política permanente del estado rionegrino el plan frutícola “Propuestas para una Fruticultura Sustentable”, surgido del intercambio de ideas y el debate que a lo largo de los años se han venido sucediendo entre los diversos sectores económicos, académicos, gremiales y de las entidades representativas del sector.

“El plan marca una política estructural, que fija objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esto cambiará de raíz las acciones de política económica que se enfocaron tradicionalmente en resolver situaciones apremiantes sin una mirada en los problemas estructurales que determinaban tales coyunturas”, se remarca en los fundamentos de la iniciativa.

Entre los objetivos de este proyecto se destaca la necesidad de fortalecer las capacidades regionales en busca de una fruticultura competitiva con equidad social. Se busca además abastecer el mercado nacional e internacional en condiciones de competitividad; así como asegurar la calidad de la producción y sostener los programas sanitarios.

Asimismo, se proyecta además un creciente ingreso para la región, el que deberá atender en su distribución a la necesidad de preservar al pequeño y mediano productor, complementado esto con avances en el plano productivo y comercial que permitan su inserción en la economía regional como actor protagónico de la actividad.

La ley propuesta busca generar un ambiente de competitividad sistémica mediante la interacción de los diversos actores, que asegure el avance tecnológico, productivo y comercial, con crecimiento de inversiones y actualización de prácticas comerciales que permitan incrementar los volúmenes comercializados y mejorar los retornos obtenidos .

Uno de los objetivos principales es sostener una amplia base de productores, con claro y definido avance hacia una mayor transparencia en su relación con las empresas líderes, preservando la tradicional estructura social que acompaño la historia de los pequeños productores. Las prácticas asociativas, en sus diversas modalidades, contribuirán a alcanzar este objetivo y a lograr una producción sustentable en términos económicos, sociales y ambientales.

Se apunta asimismo a asociar la capacidad del complejo frutícola como generador de empleos con el trabajo calificado y salarios dignos; así como a la incorporación de un creciente valor agregado nacional y regional mediante la integración de las cadenas de valor en insumos y derivados, la mejora de la infraestructura y un sistema institucional de transferencia de conocimiento y experiencias productivas.

Fondo especial de financiamiento

El proyecto de ley elevado hoy a la Legislatura prevé la creación del “Fondo para el Financiamiento del Plan para una Fruticultura Sustentable”.

El mismo estará compuesto por el 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos recaudado asignado a la actividad frutícola, deducida la co-participación municipal respectiva.

Otro componente serán los bienes y recursos que le asigne el Estado Provincial que resulten de la co-participación nacional, deducida la co-participación municipal respectiva.

Se les sumarán otros aportes que realice el Estado Provincial; los aportes que a los fines del presente realicen los organismos nacionales o internacionales de créditos; aportes de fondos fiduciarios; los flujos de Fondos resultantes de las cobranzas y de su eventual “revolving”; y los aportes con destino especial realizados por el Gobierno Nacional para el sector frutícola.

Otra fuente de financiamiento serán los aportes provenientes del cobro de un canon por tonelada de fruta egresada por la barrera fito-zoo-sanitaria, cuya tarifa se fijará anualmente por la autoridad de aplicación, el que tendrá por exclusivo destino únicamente programas fitosanitarios.

La norma incluye a las personas de existencia visible o ideal que realicen efectivas inversiones, contribuciones, mejoras y toda otra actividad relacionada con la producción, conservación, empaque, acondicionamiento industrialización y comercialización en la actividad frutícola de la Provincia.

Cabe remarcar que la autoridad de aplicación del régimen establecido por la presente ley, será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la Secretaría de Fruticultura.

Asimismo, los fondos que se integren al “Fondo para el Financiamiento del Plan para una Fruticultura Sustentable” serán transferidos al “Fondo Fiduciario para el Fortalecimiento de la Productividad Rionegrina”, administrado por Río Negro Fiduciaria S.A.

Una política de Estado

La ley propuesta por el gobernador Alberto Weretilneck se fundamenta en la necesidad de otorgar al Plan Frutícola una mayor fortaleza, brindándole el lugar que debe ocupar en el ámbito público rionegrino, transformándolo en una política de estado que asegure su continuidad, dado que toda transformación productiva implica contar con una política estable y permanente, que brinde certeza clara a los actores de la persistencia del esfuerzo público – privado en alcanzar los objetivos propuestos.

En este contexto, la norma propuesta brindará un marco legal que reforzará la importancia de la política frutícola provincial, asegurando que las políticas que contribuyan a potenciar al sector, fortalecer a los actores y elevar el nivel de empleo cuenten con el financiamiento necesario, de modo tal que objetivos y políticas no se transformen en meras expresiones de deseos.

La misma es una respuesta ante la necesidad de instrumentar acciones que permitan la actualización constante y permanente de la actividad, al mismo tiempo que se alcancen objetivos de equidad social, en especial el sostenimiento de los pequeños y medianos productores que en un ambiente cada vez más competitivo no suelen contar con los medios que le permitan una adaptación eficaz al nuevo entorno en el cual deben operar.

Los cambios que se han producido en el sector frutícola, tanto a nivel internacional como nacional y provincial, exigen que las políticas públicas atiendan tanto a la reconversión y adaptación de la economía frutícola provincial a este nuevo escenario, como también que se instrumenten políticas activas que permitan contar con las herramientas necesarias para que los actores del sector, especialmente los pequeños y medianos, puedan continuar en la actividad realizando las transformaciones necesarias para alcanzar la sustentabilidad económica, social y ambiental.

La norma propuesta incorpora como política permanente del estado rionegrino el plan frutícola “Propuestas para una Fruticultura Sustentable”, el cual surge del intercambio de ideas y el debate que a lo largo de los años se han venido sucediendo entre los diversos sectores económicos, académicos, gremiales y de las entidades representativas del sector.

El plan marca una política estructural, que fija objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esto cambiará de raíz las acciones de política económica que se enfocaron tradicionalmente en resolver situaciones apremiantes sin una mirada en los problemas estructurales que determinaban tales coyunturas. A partir de poder contar con una acciones permanente enfocada en una visión sistémica de la problemática frutícola, se podrán atender coyunturas y situaciones particulares que frecuentemente vemos sucederse en el marco, y al mismo tiempo, que se ataquen los verdaderos problemas y desafíos que se deben enfrentar si se pretende que se produzca un cambio estructural que potencie la inversión, la producción, las exportaciones y el empleo, apuntando al objetivo de una estructura de productores que rescate la tradicional inserción del pequeño y mediano productor como actor relevante de la actividad.

Fuente: Gobierno de Río Negro