Después de leer, no sin asombro, que algunos productores desean “generar un golpe social” para que la dirigencia política “reaccione” y “se ocupe”, está claro que piensan que la misma no se ha ocupado o se ha ausentado de la problemática del sector, que le hemos sacado el cuerpo a la fruticultura.

No voy a opinar sobre la actuación de otros dirigentes pues no me corresponde; solo “hablaré” en lo que a mí respecta.

Estuve, estoy y estaré junto a los pequeños y medianos productores y a los trabajadores rurales ligados a la cadena de valor frutícola. Lo he hecho en tiempos difíciles, de vacas flacas y en los otros, en las buenas.

Mi visión sobre el complejo frutícola y sus inconvenientes, no ha cambiado: la mayor transparencia del negocio en las pujas intrasectoriales y un rol del Estado activo, promotor y regulador, son los principios básicos en los que deben asentarse las políticas públicas para este sector principal de la vida económica y social rionegrina.

Desde atrás en el tiempo, en las discusiones por la problemática de la ex CORPOFRUT y el posterior análisis sobre la posible creación de un Instituto de Desarrollo Frutícola; en las de la ley provincial de transparencia (hoy ley 3611) en tiempos de gobierno del Dr. Pablo Verani; en mis permanentes debates en las Asambleas de productores y de la Federación cuando la convertibilidad destruía el negocio y luego,  cuando el tipo de cambio competitivo lo impulsaba; en las discusiones en torno a ley de contractualización frutícola, para darle carnadura, sustancia a la de transparencia; en el apoyo a la implementación del Plan Frutícola Integral como verdadero plan estratégico y de Estado debatido y construido por todos los sectores y hoy abandonado; en el trabajo codo a codo junto a mi amigo justicialista, Ademar Rodríguez cuando de impulsar y aprobar una nueva norma respecto a la clasificación de la fruta se trató; en mi oposición al abandono por parte del gobierno nacional del PFI, así como en mis críticas al, hoy, tipo de cambio apreciado entre muchos otros temas, he demostrado fácticamente, en la praxis y no solo en lo discursivo, mi compromiso con la fruticultura.

Ahora bien, también tengo muy claro que, mágicamente ninguna ley por fuerte que sea ni ninguno de los temas mencionados arriba aisladamente, modifican la realidad económica, ni conforman lo que se denomina, una Política de Estado. Una política así solo es posible y sustentable cuando se generan consensos básicos y duraderos entre el sector público y el sector privado y cuando los distintos gobiernos mantienen los principios esenciales con los que se construyó dicha política, sean del signo partidario que sean. Las normas nos obligan y responsabilizan, legal, política y éticamente a seguir un camino debatido y decidido oportunamente.

La economía y la política, que siempre deben ir de la mano, son cuestiones complejas, de muchas dimensiones, en las que, el posicionamiento de los actores de la cadena (frutícola en este caso), sean públicos o privados, su coherencia en el tiempo, su apertura, su identificación con la problemática, su compromiso con cada eslabón de dicha cadena, resultan condiciones indispensables (aunque no suficientes)

para superar la problemática que afecta a la actividad vinculada esencialmente con la necesidad de la transparencia del negocio, con una equitativa distribución de los ingresos del complejo y el fortalecimiento del pequeño y mediano productor como eslabón más débil de la cadena de valor.

Tengo la sensación de que algunos y no yo, han modificado su postura y su forma de pensar frente al “problema frutícola”; porque en tiempos del denominado “uno a uno” era fácil hacer discursos encendidos contra la apreciación cambiaria, contra la concentración de los mercados o a favor de una mayor transparencia del negocio y la distribución progresiva de la riqueza.

Cuando con la devaluación y los buenos precios el negocio inició un círculo virtuoso ya no eran tantos los que seguían defendiendo la transparencia y con el tipo de cambio competitivo se disimulaban los problemas que, más tarde o más temprano, podían llegar.

Hoy, cuando el tipo de cambio real ha disminuido la competitividad del sistema, cuando los costos amenazan seriamente la rentabilidad global, parece que las coincidencias ya no son tantas. Y aunque muchos declamen una supuesta “responsabilidad social empresaria”, la variable de ajuste vuelven a ser los productores.

Se sostiene que las leyes de transparencia (la de base-3611- y sus complementarias), no sirven.

Para quien esto suscribe, la transparencia sigue siendo una variable a la que no se renuncia, el Plan Integral se debe implementar, los contratos frutícolas deben hacerse con precios referenciales alentando la formalidad del negocio, la distribución equitativa de la renta es insustituible para la actividad, los subsidios son “parches” coyunturales, la supervisión del proceso de clasificación es fundamental y sostengo que debe sancionarse una ley nacional de Comercialización y Transparencia. No hay Observatorio de Precios ni fondos rotatorios que me hagan pensar diferente.

Puedo aceptar ajustes y contrapropuestas porque no soy un dogmático, pero el norte, los pilares básicos son éstos.

Son irrenunciables.

Insisto mi compromiso con la fruticultura está intacto.

Bautista Mendioroz, vicegobernador de Río Negro

Fuente: ADNRionegro.com.ar