En medio de los crecientes rumores sobre una posible movida del Gobierno para darle un 30% del comercio de granos a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y a Agricultores Federados Argentinos (AFA), y de impulsar una intervención oficial más fuerte en el mercado agropecuario, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, hizo un guiño al cooperativismo, luego de un acto en el que participó la presidenta Cristina Kirchner.

"No hago comentarios sobre rumores, pero si me preguntan mi opinión, me gustaría que las cooperativas tuvieran una participación más destacada en el negocio agropecuario", dijo Domínguez, en una rueda de prensa posterior al lanzamiento de la segunda etapa del Plan Federal de Ganados y Carnes (de lo que se informa por separado), cuando se le preguntó por la versión de que el Gobierno quería darles una parte del negocio de los granos a las cooperativas.

La declaración fue más que sugestiva, teniendo en cuenta el silencio del Gobierno ante las insistentes versiones que señalan que el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, está preparando un proyecto para darle el 30% del comercio de cereales y oleaginosas a las cooperativas, y para que el Gobierno controle más activamente la comercialización de la próxima cosecha, con un mecanismo parecido a una junta de granos. De hecho, ni Solís ni ningún funcionario de la cartera agrícola contestaron las reiteradas consultas de La Nacion al respecto.

Cuña en las entidades

Según fuentes empresariales que tienen relación habitual con el Ministerio de Agricultura, el plan que está delineando Solís tendría una doble función. Por un lado, crear una cuña en la Comisión de Enlace, ya que el proyecto beneficia a ACA y AFA, vinculadas con la Confederación de Intercooperativas Agropecuarias (Coninagro) y la Federación Agraria Argentina (FAA), respectivamente. Si estas entidades se sumaran a la jugada oficial, se rompería inmediatamente la unidad del campo, ya que la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) rechazan este tipo de intervenciones. En segundo lugar, el proyecto intentaría que el Gobierno tuviera más control sobre los millones de dólares que aportará la próxima cosecha de soja, que alcanzaría a los 48,9 millones de toneladas, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

"Está todo perfectamente pensado. La AFIP investiga las ocho principales exportadoras y las acusa de tener trabajadores esclavizados y de evadir, y las suspende. Con esto se concluye que estas empresas no pueden seguir manejando el 85 por ciento del negocio porque son deshonestas. Entonces, ahí entra el Gobierno, estatiza el comercio y les da una porción a las cooperativas para dividir al sector ante la medida adoptada", especuló un importante corredor.

Si bien el rumor sobre una posible estatización y una mayor intervención en el comercio ya circula desde hace dos años, en las últimas semanas corrió con más fuerza. Varios importantes directivos de cámaras de productores y empresas señalaron a La Nacion que esperaban que el Gobierno adoptara esta medida de un momento a otro. "Hay mucho temor y demasiadas señales como para no pensar que vamos hacia una mayor intervención. Y si las predicciones se cumplen, estamos fritos. Se nos acabó el negocio a todos", señaló preocupado el directivo de una de las bolsas de cereales.

En las entidades virtualmente favorecidas por la medida, Coninagro y FAA, afirman desconocer el proyecto. Y en las otras no dan crédito a la posible participación de las organizaciones colegas en un proyecto que cuenta con la oposición de gran parte del arco agropecuario.

"Preferimos no creer las versiones ni pensar que Coninagro y Federación están prendidas en esto. Total, cuando se hizo la jugada para que se comprara trigo a AFA, se armó un escándalo, nos peleamos, y nadie les compró ni un kilogramo de trigo a los cooperativistas. ¿Para qué nos vamos a pelear, si el Gobierno después no cumple?", dijo uno de los hombres fuertes de la Comisión de Enlace.

Fuente: La Nación