Congreso chileno aprueba ley que fortalece respuesta frente a desastres en infraestructura de riego

La Cámara de Diputados aprobó este martes (23 de julio), un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Agricultura que busca agilizar la respuesta del Estado frente a emergencias que afecten obras de riego a lo largo del país.

La iniciativa modifica el inciso final del artículo 3° de la Ley N°18.450 de Fomento al Riego, permitiendo que la Comisión Nacional de Riego (CNR) pueda activar mecanismos especiales en casos de declaración de zonas afectadas por sismos, catástrofes naturales, emergencias agrícolas por daños a infraestructura de riego, o eventos significativos de contaminación.

Con la modificación, se amplía el marco normativo que habilita a la CNR a actuar de forma más oportuna y eficaz en contextos de emergencia, superando las restricciones previas que limitaban estas acciones solo a situaciones amparadas bajo un estado de excepción constitucional por catástrofe, detallo el Ministerio de Agricultura.

“Esta iniciativa representa un avance fundamental para fortalecer la resiliencia del sector agrícola frente a los impactos del cambio climático. Nos permitirá aplicar los recursos de manera más ágil y eficaz cuando ocurran emergencias como inundaciones, sismos, sequías o contaminación de aguas”, señaló el ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.

Respuesta más eficaz para proteger la producción agrícola

El director ejecutivo de la CNR, Wilson Ureta, destacó la relevancia del cambio legal, recordando los impactos sufridos por eventos climáticos extremos en años anteriores.

"Gracias al trabajo conjunto con organizaciones de regantes y servicios del Ministerio de Agricultura, hemos logrado reparar obras dañadas y reponer el riego a tiempo en zonas críticas. Ahora, con esta ley, podremos actuar con mayor eficiencia y anticipación, lo que es clave frente a un clima cada vez más impredecible”, afirmó.

Hasta ahora, la legislación vigente permitía establecer mecanismos excepcionales solo si existía una declaración de estado de catástrofe, lo que en la práctica dificultaba una respuesta oportuna. Casos recientes, como los ocurridos en la Región de Coquimbo y la provincia de Petorca, evidenciaron la necesidad de una herramienta legal más flexible y eficaz.

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