Justicia Laboral Global exige a Chiquita que restituya a los 6.500 trabajadores agrícolas en Panamá

Justicia Laboral Global ha solidarizado con los miles de trabajadores agrícolas de Chiquita Banana en Panamá que están en huelga desde finales de abril para exigir la protección de sus prestaciones de jubilación, la libertad sindical y otros derechos laborales fundamentales que se están discutiendo en el país.

La entidad es una organización no gubernamental que trabaja a nivel transnacional para promover políticas y leyes que protejan el trabajo decente; fortalezcan la libertad de asociación y la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos; y responsabilicen a las empresas por las violaciones de los derechos laborales en sus cadenas de suministro.

"Nos unimos a los trabajadores y a sus sindicatos, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (SINTRAIBANA) y el Sindicato de Trabajadores de Productores Bananeros Independientes (SINTRAPBI), para condenar el despido por represalia de los trabajadores y trabajadoras en huelga por parte de Chiquita, y exigimos a la empresa que deje de discriminar a los trabajadores por tomar medidas valientes en defensa de sus derechos laborales fundamentales", indicó en un comunicado.

"Apoyamos a SINTRAIBANA y a SINTRAPBI, afiliados a COLSIBA/UITA, en exigir que Chiquita respete su acuerdo marco, que incluye a los trabajadores de las fincas en Panamá", agregó.

Desde mediados de mayo, Chiquita Panamá suspendió sus operaciones de siembra, empaque y exportación de banano, así como las labores administrativas de la empresa en la provincia de Bocas del Toro e informó la desvinculación de sus trabajadores por el "abandono injustificado en nuestras fincas y centro de operaciones desde el pasado 28 de abril".

Ahora, esta semana, la ministra del Trabajo del Panamá, Jackeline Muñoz, comunicó que la parte administrativa de Chiquita Panamá ya no se encuentra en el país y que la empresa presentará la autorización para el despido del resto del personal que queda en la bananera, es decir, unos 1.600 trabajadores, tras el traslado de las operaciones fuera del país.

En reiteradas ocasiones Chiquita Panamá hizo un llamado a sus trabajadores a retomar sus funciones para minimizar el impacto en las plantaciones por lo perecible del producto, así como por las millonarias pérdidas en producción y exportación de cajas de banano.

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Frente a este escenario, Justicia Laboral Global hizo un emplazamiento a la empresa "para que restituya inmediatamente los trabajadores despedidos y entable un diálogo de buena fe con los sindicatos para llegar a un acuerdo mutuo sobre las demandas de estos".

"Chiquita debe hacer todo lo que esté en su poder para evitar cualquier tipo de violencia contra los trabajadores y trabajadoras en huelga y promover un ambiente seguro y pacífico para una negociación de buena fe", manifestó Justicia Laboral Global.

La organización también exige a Chiquita que respete los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, en virtud de los Convenios 87 y 98 de la OIT, que protegen el derecho a la libertad  sindical, y su derecho a la acción colectiva, incluyendo la huelga y la negociación colectiva, y que cese todas las amenazas de cerrar las fincas o abandonar Panamá en represalia por la huelga.

"Tales amenazas violan las Normas de la OCDE para Empresas Multinacionales, que exigen a las empresas respetar los derechos sindicales y prohíben la discriminación antisindical, las represalias contra trabajadores y trabajadoras y los sindicatos por actividades sindicales legítimas, incluida la protesta contra las malas prácticas de las empresas, y exigen a las empresas que lleven a cabo una salida responsable", agregó.