Por Francisco Corral Macías. Presidente, Consejo Regional de Coquimbo y de la Comisión Nacional de Seguridad y Defensa Alimentaria, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile.

Recientemente, la Región de Coquimbo, Chile, fue testigo de anuncios trascendentales provenientes de la Comisión de Obras Públicas del Senado, durante una sesión celebrada en La Serena. Estos mensajes llenaron de optimismo a sus habitantes, al tiempo que sembraron inquietudes acerca de su ejecución efectiva.

De las conclusiones extraídas de esa reunión, sobresale la clara prioridad y urgencia asignadas a proyectos de seguridad hídrica, junto con el consenso para acelerar la infraestructura vial, sanitaria y de seguridad pública.

Las necesidades apremiantes de infraestructuras cruciales en la región se distinguen con nitidez, sin embargo, se plantea un desafío de consideración en lo relativo a los plazos para concretarlos y su vinculación con una estrategia integral de planificación territorial.

Los proyectos viales con aprobación, bien definidos y urgentes, como la mejora de las rutas 5 y 41, se ven sometidos a escrutinio, retrasos y presiones derivados de nuevas propuestas que amenazan su realización. A su vez, las opciones de transporte público se enredan en definiciones complejas, al carecer de una propuesta integral que amalgame las diversas alternativas sugeridas.

Las mejoras imperativas en la atención de la salud pública, en particular en el hospital de La Serena, se encuentran en pausa debido a la falta de un plan maestro arquitectónico adecuado y a reglas mínimas de gestión de proyectos y asignación de presupuesto.

El impulso por revivir el Paso de Agua Negra resucita un dilema entre los partidarios y opositores, entorpeciendo la exploración de otras posibilidades potencialmente adecuadas, viables y de bajo riesgo. Además, se omite mencionar que uno de los fundamentos de esta opción reposaba en la viabilidad de los servicios portuarios que podría ofrecer la región, lo que hoy dista de ser una oportunidad y realidad.

Las tan anheladas plantas desalinizadoras, esenciales por cierto, ahora son dos en carpeta, respaldadas por el Estado y con objetivos multipropósitos. Éstas se sumarían a la cuestionada propuesta de Aguas del Valle que aún persistiría. Una buena noticia, no obstante, deja de lado la preocupación por una posible saturación de la costa y lo finitas que son las áreas adecuadas para sus emplazamientos, así como la necesidad de gestionar integralmente estas nuevas fuentes de aguas, con otras opciones de recursos hídricos, de forma similar al sistema eléctrico interconectado. Tampoco se comprende en plenitud que las aguas desalinizadas cumplen una función esencial al garantizar la seguridad del suministro de agua potable, permitiendo dejar disponibles las aguas continentales para la agricultura, pasando por alto, a su vez, el costo que implicaría este recurso hídrico desalinizado para el ámbito agrícola.

Si no avanzamos con propuestas conectadas a una estrategia territorial integrada, que incluyan mesas técnicas articuladas entre sí para los diferentes proyectos de infraestructura, estaremos condenados a continuar con soluciones “parche”, en lugar de abordar de forma sostenible y orientados al futuro, los cimientos esenciales para la seguridad y el desarrollo de nuestra Región.