El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) confirma, luego de la Evaluación de Seguridad Alimentaria para Población Colombiana, elaborada entre agosto y noviembre de 2022, que la inseguridad alimentaria moderada y severa a nivel nacional es del 30 %, es decir, 15.5 millones de personas.

Dicha evaluación recolectó la información en 29 departamentos y 118 municipios y analizó patrones de consumo de alimentos, vulnerabilidad económica y estrategias de supervivencia asociadas al consumo y medios de vida. Los resultados tienen como intensión servir de utilidad para el país en el proceso de focalización de la atención, pues proporciona datos actualizados y basados en la evidencia sobre las poblaciones más afectadas.

En departamentos de las regiones Caribe y Pacífico, la inseguridad alimentaria supera el 40%. Guajira, Sucre, Córdoba, Cesar y Chocó evidencian una prevalencia superior al promedio nacional, siendo Córdoba el que muestra la cifra más alta (70%), seguido por Sucre (63%) y, en la región de la Orinoquía, el departamento de Arauca (62%).

La inseguridad alimentaria afecta a un mayor número de personas en las zonas urbanas. Las ciudades con más personas en esta situación son Bogotá (1.5 millones), Medellín (642 mil), Cali (491 mil), Cartagena (420 mil) y Barranquilla (328 mil).

Carlo Scaramella, Director y Representante en Colombia del Programa Mundial de Alimentos - WPF

Carlo Scaramella, director y representante en Colombia del Programa Mundial de Alimentos, habló con Portalfruticola.com y afirmó: “Hemos tenido una reunión con una serie de actores y representantes del gobierno nacional para conversar sobre los hallazgos de la evaluación de la seguridad alimentaria y se confirma la situación de crisis alimentaria que vive el país. Un 30% de la población colombiana se encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional. En cuanto a la población migrante, los resultados son más preocupantes. La cifras ascienden a entre 52% y 73%, dependiendo de los grupos poblacionales (migrantes con vocación de permanencia, pendulares y en tránsito).”

Infografía resultados WPF - Colombia

Adicionalmente, Scaramella resaltó la importancia de intercambiar ideas sobre las políticas públicas que se puedan poner en marcha en el corto, mediano y largo plazo para responder al problema del hambre. Respecto a las causas, el director respondió que esta crisis responde a elementos importantes de tipo estructural e histórico, como la tierra y la pobreza. Estos dos últimos han sido profundizados por otros factores coyunturales como el fenómeno La Niña, la COVID-19 y el alza de precios a nivel internacional.

Por parte del gobierno nacional, El Ministerio de Agricultura y  Desarrollo Rural, con base al Plan de Desarrollo afirmó que “Colombia tiene altos niveles de inseguridad alimentaria y una dependencia significativa de importación de insumos agropecuarios. Es imperativo promover la producción local de alimentos e insumos, y fomentar los circuitos cortos de producción y distribución de alimentos para que toda su población tenga una alimentación suficiente, adecuada, sana e inocua que conlleven progresivamente a la soberanía alimentaria"

Mientras que durante la reunión de la presentación del informe, la intervención que hizo el Viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo Montaña fue  "El primer problema, que afortunadamente el gobierno nacional quiere atender, es el problema de la reforma agraria que ha sido un tema al que se le ha dado poca o ninguna importancia. Hemos tenido leyes de reforma agraria interesantes, pero, a estas la dirección de la sociedad le ha volteado la espalada. Sistemáticamente se ha negado la aplicación de la reforma”.

Para finalizar, es claro el vínculo entre seguridad alimentaria y conflicto. La mitad de los hogares que han sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria, en contraste con los hogares que no han sido víctimas donde el porcentaje de inseguridad alimentaria es del 28 %. Los hogares con jefatura femenina, afrodescendiente o indígena, o en los que el principal aportante de ingresos no tiene estudios o trabaja en la informalidad, son los más vulnerables.