El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, reiteró en el Congreso de la República, la preocupación del Gobierno por el impacto que pueda tener en el ánimo de los inversionistas extranjeros un reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la UAF o Unidad Agrícola Familiar y un acto legislativo que limita la inversión foránea en el campo.

El titular de la cartera agropecuaria reveló que a raíz del fallo de la Corte Constitucional que tumbó la flexibilización de la UAF, se  congelaron o pospusieron, inversiones tanto nacionales como extranjeras, en el agro colombiano, cercanas a los 800 millones de dólares.

“Eran inversiones sanas que ante toda esta incertidumbre jurídica se quedaron a la espera.  El gobierno ve con mucha preocupación todo esto que está sucediendo”,  indicó el ministro de Agricultura.

Las del titular de la cartera agropecuaria fueron hechas  en la Comisión Primera del Senado que aprobó, en el primero de ocho debates reglamentarios, un acto legislativo,  de origen parlamentario, que limita o restringe la inversión extranjera en el campo.

El Gobierno mostró su desacuerdo con ese proyecto;  dijo que es un mal mensaje y señaló que “no se puede sacar a escobazos la inversión extranjera del país”.

“No son inversiones mal sanas ni comprometen la seguridad alimentaria del país”, subrayó el ministro de Agricultura al defender la posición del Gobierno sobre la importancia de la inversión extranjera (que en el 2011 fue apenas del 2% de la total) en la actividad agrícola y pecuaria de Colombia.

Dijo que tanto con el fallo de la Corte, que el Gobierno respeta y acata, como con la aprobación en primer debate del acto legislativo,  se está mandando un pésimo mensaje a la inversión  extranjera sana, a la que va a generar riqueza, empleo y economías de escala que el país necesita.

“Aquí no vamos a  poder desarrollar el campo colombiano confinando al campesino a unas pequeñas parcelas minifundistas.  Hay que asociarlo”, subrayó Restrepo Salazar.

Sobre el acto legislativo que cursa en el Congreso, el  ministro de Agricultura resumió su posición en los siguientes puntos:

1.- No resulta conveniente prohibir o espantar la inversión extranjera en tierras o agroindustria en Colombia.

Según las cifras del Banco de la República, apenas el 2% de la inversión extranjera que está llegando al país lo hace para hacer inversiones en tierras o en agroindustria; el 98% restante está llegando a sectores tales como hidrocarburos, minería, industria manufacturera, transporte y servicios.

2.- Lo importante no es ahuyentar la inversión extranjera en el agro: lo fundamental es controlarla bien, y cerciorarse que ella promueva avances tecnológicos, empleo, vocación exportadora y capital para mejorar la infraestructura rural colombiana, e igualmente que promueva más empleo rural.

3.- En vez de prohibirla, lo que es fundamental es verificar que la inversión extranjera no llegue a comprar tierras para dejarlas “engordar”, sino para ponerlas a producir o para mejorar la productividad de las que ya están en explotación.

4.- El Gobierno ha propuesto en el proyecto de Ley de “Tierras y de Desarrollo Rural” (que se encuentra actualmente en consulta con las comunidades étnicas), que los baldíos no se podrán adjudicar en ninguna circunstancia a extranjeros. Esta postura la mantiene el Gobierno.

5.- La seguridad alimentaria del país (que afortunadamente es satisfactoria) no va a preservarse ni a mejorarse sacando a “escobazos jurídicos” a la inversión extranjera del agro. ¡A esta hay que controlarla pero no ahuyentarla, como en la práctica lo hace el acto legislativo que se empieza a discutir en la Comisión Primera del Senado!

6.- No podemos caer en un chauvinismo agrario ni, tampoco en la falta de técnica jurídica a lo que conduciría elevar este tipo de prohibiciones a rango constitucional; lo que podría entrar además en colisión con los compromisos internacionales de protección a la inversión extranjera que ha suscrito Colombia.

7.- ¿Si está permitida la inversión extranjera en bancos, en servicios, en telecomunicaciones, en infraestructura, en industria manufacturera, porqué no puede haberla (bien controlada desde luego) en actividades rurales

8.- El progreso del empleo en el campo, del desarrollo rural y de la asociatividad campesina, no se benefician, sino que más bien podrían perjudicarse, si la inversión extranjera se prohíbe en este sector. Lo que el Gobierno piensa es que la inversión extranjera debe regularse en el campo – lo mismo que en otros sectores -- de manera adecuada, asegurando la transferencia de tecnología que ella comporta y velando para que su presencia se ponga al servicio de los intereses de la modernización rural del país.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia