Decenas de pequeños productores de piña de la zona norte se atrasaron en el pago de sus deudas y temen perder sus propiedades porque las pusieron a responder por los préstamos solicitados.

La situación fue reconocida por una parte de los piñeros, quienes se unieron en un grupo para gestionar ante el Gobierno posibles salidas al problema.

En una reunión, el miércoles pasado, en el salón parroquial de Pital, San Carlos, los dirigentes afirmaron que 250 productores están en problemas y que la deuda total es de unos ¢2.600 millones.

Explicaron que hay deudas atrasadas que van desde los ¢30 millones hasta los ¢80 millones, Según ellos, se puede hablar de un promedio de ¢60 millones por cada transacción morosa.

Érick Quirós, director superior de operaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) coincidieron, por separado, en que este problema parece un caso aislado y no implica que el sector esté en crisis.

Pero consideraron que es tiempo de revisar algunas cosas en el sector, en especial la seguridad del mercado antes de sembrar.

Involucrados

La mayor parte de las deudas son con la empresa Proagroín, una fundación que, según los agricultores reunidos en Pital, incumplió cláusulas de contratos.

Sin embargo, la cartera es muy heterogénea pues hay compromisos con bancos, con cooperativas e incluso con prestamistas.

Al menos dos de los afectados dijeron que tienen demandas judiciales en curso contra Proagroín y afirmaron que otros 31 no presentes también lo hicieron, mientras alrededor de 80 se preparan para seguir ese camino.

Sin embargo, Jorge Sánchez, director ejecutivo de Proagroín, sostuvo que esa fundación tiene apenas entre 13 y 15 préstamos en cobro judicial, por un monto cercano a los ¢400 millones.

Advirtió que cada contrato está debidamente documentado y que cuando se recibe una demanda y no se comprueban los hechos es posible presentar una contrademanda.

Según Sánchez, muchos productores firman contratos y luego entregan la fruta a otras empresas que en algún momento les ofrecen mejores precios momentáneos.

Quirós explicó que están en este momento en recopilación de datos. Agregó que tienen identificados 150 casos y que falta documentar otros, entre ellos de Proagroín, donde no han terminado la labor.

Quirós dijo que hay todo tipo de casos, problemas diferentes y atrasos de pago con varios bancos.

Detalló que se ha reunido con los dirigentes tanto en el MAG, en San José, como en la región, pero fue enfático al advertir que no habrá formas de readecuación colectiva de deudas.

El Gobierno, agregó, ayudará mediante contactos con los bancos y otros acreedores para que se acuerden formas de pago, pero no tiene posibilidad de condonar préstamos atrasados.

Fuente: Nación