Por Federico Errázuriz, Asesor agrícola e hídrico.

Federico Errázuriz

Actualmente es una obviedad decir que Chile enfrenta un problema hídrico. Esta situación, sin ningún lugar a dudas, es causada por una severa disminución de precipitaciones y acumulación de nieves en gran parte del territorio nacional, pero se ve aumentada por fallas de información y -en algunos casos- de organización. A todo lo anterior se suma el agravante de una discusión política que, a ratos no parece buscar la solución común sino el beneficio partisano.

Dada la situación descrita previamente, tendemos a comenzar cualquier discusión en torno al agua mirando todo lo malo: la gran cantidad de instituciones con competencia en agua, la falta de instituciones en algunos niveles, las múltiples ausencias de información de base científica y con reconocimiento transversal, los problemas derivados del sistema de derechos de aprovechamiento de aguas, etc.

Quisiera que hagamos el ejercicio contrario, y nos enfoquemos en las cosas que sí tenemos, mirar el camino recorrido y tener esperanza en que podemos mejorar muchas cosas sin necesidad de aventurarnos a hacer cambios radicales en un sistema que tiene más de 200 años de funcionamiento.

Lo primero a destacar es precisamente eso, tenemos una tradición de gestión de aguas derivada de la época colonial, con un sistema basado en derechos de aprovechamiento de aguas que existe desde el comienzo de nuestro país, y con organizaciones comunitarias para el reparto del agua mediante infraestructura costeada por los privados, que son incluso previas a nuestra independencia. A modo de ejemplo, ya el año 1819 don Bernardo O’Higgins establecía algunos aspectos para la transferencia de “regadores” entre usuarios, y la Sociedad del Canal del Maipo se formaliza en 1827.

Lo segundo es que, recogiendo los desafíos de las distintas épocas, tenemos en la actualidad con un código de aguas recientemente modificado en 2022, y previamente en numerosas oportunidades, que acoge muchas de las preocupaciones sociales actuales. Priorización del consumo humano de agua, cuidado del uso ambiental, exigencias de información, medición efectiva de caudales extraídos, fomento a la formación de organizaciones de usuarios y mayores barreras a la mantención de derechos sin uso, son algunos de los elementos que hoy en día están vigentes en nuestra principal legislación sobre el agua. De la misma manera que se ha modificado hasta ahora, se podrá seguir actualizando cada vez que sea necesario, gracias al ejercicio democrático de la discusión parlamentaria.

Lo tercero que vale la pena mirar, es la labor que cumplen las más de 4.000 organizaciones de usuarios de aguas que administran más de 150.000 Km de canales, cumpliendo la función pública de reparto de las aguas conforme al mandato legal que proviene del Código de Aguas, el cual formaliza bajo principios definidos y transparentes la práctica ancestral del trabajo colectivo en torno a las obras hidráulicas comunes. Ellas son la mejor, y muchas veces la única institución que realiza gestión de aguas en los distintos territorios en que se ubican. Algunas tienen brechas importantes que cubrir, pero el modelo está probado y es exitoso.

Lo cuarto es muy importante para un país que tiene múltiples desafíos sociales, y es que las organizaciones de usuarios de agua funcionan sin ningún costo para el Estado. Ellas son capaces de obtener, de los propios asociados, todos los recursos necesarios para su funcionamiento cotidiano.

En quinto lugar, siendo el sector agrícola el principal usuario de aguas a nivel nacional, existe plena conciencia en los agricultores de la necesidad de cuidar el agua. Hoy no se concibe iniciar un huerto frutal sin riego tecnificado, y hemos visto que, desde el valle de Lluta hasta la Tierra del Fuego, hay proyectos de tecnificación del riego para todo tipo de cultivos.

En sexto lugar, y acompañando al punto anterior, contamos con una industria asociada al riego de categoría mundial. Para diseñar y construir cualquier proyecto de riego, existen muchos actores en un mercado competitivo y maduro, que ha sido capaz de atraer importantes inversiones internacionales, ofrecer tecnología de punta a nivel mundial, e incluso ha creado su propia asociación gremial.

En séptimo lugar, creo que vale la pena destacar el rol de fomento que ha ejercido por décadas el Ministerio de Agricultura, a través de Indap y, muy especialmente, desde la Comisión Nacional de Riego. A través de diversos instrumentos con distintos objetivos, el Estado chileno ha sido un socio de los agricultores en el cofinanciamiento de infraestructura predial o comunitaria. La ley de Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje, conocida como Ley 18.450 o Ley de Riego, ha sido un modelo tremendamente exitoso de colaboración público-privada, que ha sido muchas veces analizado internamente con resultados positivos, e incluso admirado internacionalmente, como da cuenta la exitosa actividad internacional del Secretario Ejecutivo de la CNR.

Como punto octavo y final, no puedo dejar de mencionar la contundente manifestación popular que rechazó un texto constitucional que introducía cambios radicales a nuestro sistema de agua. Nadie podría correlacionar exactamente cuanto del rechazo se debe a lo propuesto en aguas, pero sin duda el sentir de los habitantes rurales, fuertemente ligados a la agricultura, habló con fuerza en todas las regiones.

Creo que estos 8 puntos son frutos positivos de nuestra historia patria, que deben ser observados y potenciados en cualquier discusión futura de aguas, ya sea a nivel constitucional, legal, o de simple administración. Reconocer lo bueno es algo que los chilenos no acostumbramos, pero deberíamos comenzar a hacerlo pues no siempre y no en todo, lo nuevo es mejor que lo propio.