Por Miguel Ángel Sánchez, PhD, director ejecutivo ChileBio.

Miguel Ángel Sánchez, PhD, director ejecutivo ChileBio.

 Nuestra alimentación está en jaque debido a algunas de las iniciativas de norma aprobadas por la comisión de medio ambiente de la Convención Constitucional, de Chile. El impacto puede ser especialmente negativo en caso de ser aprobada por el pleno la iniciativa 113-5 sobre “Soberanía Alimentaria”.

La  norma establece que haya un Estado que defina qué, cómo y para quién producir (soberanía alimentaria) fijando el precio de los alimentos. No hay foco en que el Estado debiese velar por el acceso físico y económico a suficientes alimentos sanos y nutritivos. En este sentido, no habría libertad para que los agricultores decidan que es mejor para su producción y bienestar y se pondrían en riesgo las exportaciones de nuestros apetecidos, valiosos y reconocidos productos como vinos, frutas y semillas.

La norma le adjudica sólo a los pequeños productores el rol de abastecer al país, desconociendo el aporte de los medianos y grandes, y prioriza la producción con semillas tradicionales (nativas y ancestrales). Estas semillas tradicionales, utilizadas por algunos pequeños agricultores, sin duda tienen un valor cultural que hay que preservar, sin embargo no son la base de nuestra alimentación ni menos de nuestra seguridad alimentaria.

Por el contrario, son las semillas agrícolas (aquellas provenientes de programas formales de mejoramiento genético) las que sustentan nuestra agricultura, y sería imposible que sólo pequeños agricultores en base sólo a semillas tradicionales abastezcan los requerimientos alimenticios del país. Es necesario reconocer e impulsar la coexistencia de distintos tipos de agricultura donde todos aporten. Y no discriminar por volumen y por tipo de agricultura, como hace esta norma.

También tendrá un impacto negativo el artículo que prohíbe cualquier forma de privatización de semillas. Lo anterior es grave ya que las semillas agrícolas optan a un derecho de obtentor de 15 años (no patentes) que incentiva el desarrollo constante de nuevas variedades vegetales adaptadas a los desafíos agrícolas y a las exigencias de los consumidores (regulado en el país desde  1977). A su vez, se limita la investigación en esta área a solo investigación pública bloqueando la I+D privada y extranjera. A diferencia de lo que muchas veces indican grupos activistas, en Chile nadie puede apropiarse de semillas nativas, ancestrales o de uso tradicional, como sugiere esta norma. En la práctica este artículo condenaría a nuestros agricultores a no poder acceder a las mejores semillas, sean desarrolladas en Chile o el extranjero.

Adicionalmente a lo anterior, la norma prohíbe la producción, uso consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos en el país. El consenso científico reconoce la potencialidad, seguridad y beneficios de los cultivos transgénicos y sus alimentos derivados. El consumo de transgénicos no está prohibido en ningún país del mundo. Además, actualmente países como Cuba, Bolivia, China, entre muchos otros, han adoptado la tecnología para hacer frente a la crisis alimentaria.

En Chile, por ejemplo, investigadores en universidades, han desarrollado un maíz transgénico tolerante a la sequía y cítricos capaces de crecer pese a la salinidad del suelo en el desierto. Por su parte, el sector semillero nacional, donde el 70% son pequeños agricultores, ha podido acceder al desarrollo de capacidades técnicas y humanas  para la producción y exportación de estas semillas, siendo reconocido a nivel internacional.

¿Nos perderemos todas estas posibles soluciones que otros países utilizan por los prejuicios y una mala norma? Prohibir tecnologías por Constitución nos limita en herramientas para enfrentar el cambio climático, para contribuir a la conservación de especies y para fortalecer la seguridad alimentaria. Además, las herramientas tecnológicas están en Constante cambio y mejora continua, ´por lo que prohibir vía Constitución es poner una barrera al desarrollo futuro de todo un sector. De aprobarse en el pleno esta norma tal como está, nuestra agricultura pasará de estar en jaque a simplemente estar en jaque mate.