Por Matías Araya, socio fundador de Araya & Cía. Abogados

El 9 de junio de 2020, la Cámara de Diputados solicitó al Poder Ejecutivo que efectúe un estudio destinado a determinar si existen fundamentos que validen la creación del Ministerio del Agua en Chile. Este estudio deberá determinar si existen o no las razones para la creación del mismo.

Qué duda cabe con respecto a la necesidad de poder dar un mejor uso al recurso hídrico en nuestro país, aun cuando nos enfrentamos a un déficit hídrico importante, que se ha visto disminuido por las últimas lluvias; pero que no ha sido suficiente para terminar con la mega sequía que Chile ha enfrentado en los últimos 10 años. 

Nuestro país lamentablemente mal gasta los recursos hídricos que posee y que podrían ser mejor aprovechados. Por la falta de tecnología y/o grandes obras de regadío, el agua termina perdiéndose. Por lo tanto, el esfuerzo de las distintas entidades dentro del aparato público, debe actuar coordinadamente en la búsqueda para implementar una política que mejore la utilización del recurso y que nos permita como país, satisfacer las necesidades del consumo de agua potable por parte de la población y el desarrollo de actividades productivas, en particular las del sector agrícola.

Hoy el tema del agua a nivel del Estado es abordado por una serie de instituciones, entre las que se encuentran: la Dirección General de Aguas (DGA), el Ministerio del Medio Ambiente, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección de Vialidad, la Comisión Nacional de Riego (CNR), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y una serie de otras reparticiones. Existe muy poca coordinación entre ellas, esto sin contar con el sector privado y las distintas organizaciones de usuarios que están encargadas de la administración del recurso hídrico.

Informe

Sin duda, el estudio que efectuará el Poder Ejecutivo deberá determinar no sólo cómo lograr una mejor coordinación entre las instituciones mencionadas, sino también un actuar más eficiente entre ellas. Es más, la creación de esta nueva institucionalidad tiene que generar un valor agregado importante a lo ya existente.

Es posible, dentro de la teoría, que la posible implementación de un Ministerio del Agua logre implementar políticas públicas más eficientes, pero si este sólo genera mayores gastos, más burocracia y, en definitiva, un aumento en la dotación de empleados públicos sin lograr mejores niveles de coordinación, es preferible seguir exactamente como estamos y buscar –sin la creación de un nuevo Ministerio- la coordinación entre las instituciones del Estado.

Ahora sólo queda esperar el resultado de este informe. Independiente del resultado del mismo, ya sea la recomendación o rechazo a la creación del Ministerio del Agua, esperamos sinceramente por el bien de nuestro país que podamos mejorar nuestras políticas públicas ligadas al manejo y control del uso del agua, ya que no existe seguridad en la disponibilidad del recurso en los volúmenes que nuestra sociedad está demandando, especialmente bajo la presión de una mega sequía, sin que tengamos políticas públicas coordinadas en la búsqueda de lograr un mejor aprovechamiento del mismo.