Las reformas al Código de Aguas, fiscalización ambiental en el agro, oportunidades y desafíos en la generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y tratamiento y disposición de residuos en la industria, fueron los temas abordados durante el III Seminario de Desafíos y Contingencias Ambientales, organizado por la consultora Greenland Chile  y Araya & Cía. Abogados.

Durante la exposición “La nueva institucionalidad del agua: la reforma que viene”, Sebastián Leiva, abogado socio de Araya & Cía. se refirió a los cambios y expectativas en torno a las diversas reformas propuestas durante los últimos años, haciendo un profundo análisis sobre las consecuencias que éstas tendrían para los agricultores.

Y es que, una de las novedades de la primera cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet, el pasado 21 de Mayo, fue el anuncio sobre reformas al actual Código de Aguas, instancia que condujo a la designación de un Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, quien ha adelantado que entre los aspectos a considerar en la reforma se incluyen: la restricción de derechos bajo determinadas circunstancias, la incorporación de elementos relacionados con el medioambiente, como el caudal ecológico y el rediseño de las funciones de la Dirección General de Aguas(DGA).

Dichas modificaciones, sin duda tendrán un alto impacto en los distintos rubros nacionales, sobre todo en la agricultura, sector que extrae cerca del 80% del agua disponible para sus procesos productivos y que, además, ha estado fuertemente afectada por la sequía.

“Cada vez, la situación de las aguas subterráneas va teniendo mayor importancia dada la escasez de lluvia y de nieve”, comentó Leiva.

Sin embargo, Leiva manifestó que su principal preocupación se enfoca la caducidad del derecho de aguas, el cual tendría lugar luego de un período de 30 años.

“Yo claramente establecería -que es lo que más me preocupa- los criterios mínimos que va a tener la autoridad para poder determinar cuándo se puede caducar un derecho”, expresó.

Asimismo, Leiva comentó que las reformas incluyen modificaciones en cuanto a lo penal “se aumentan las penas. Obviamente, cuando existe violencia va de presidio menor en su grado mínimo a medio, o sea, hasta 541 días”.

“Es poco, pero convengamos que es mucho mejor que 60 días”, que es el máximo actual.

Asimismo, y en cuanto a proceso de investigación, “en el código procesal penal se establece la obligación del Ministerio Público de informar a la Dirección General de Aguas [DGA] cuando esté investigando este tipo de delitos”. Esto, debido a que a la fecha no hay un trabajo en equipo respecto a las denuncias y fiscalizaciones.

No obstante, Leiva fue enfático al indicar que “es evidente que hoy es necesaria una reforma y lo que hay que discutir es si reformamos el sistema en sus normas matrices o mejoramos lo que hoy día está”.

“La discusión, como se ha ideologizado bastante respecto a la situación de las aguas, yo creo que hoy día la comisión que tiene mayor votación en las cámaras, evidentemente no aprobará en segundo tramite el proyecto del ex presidente Piñera, toda vez que lo que se busca es modificar también el código de aguas, por lo tanto, mi opinión es que se va a insistir en la reforma constitucional”, indicó.

Sin embargo, añadió que actualmente no cuentan con los votos para reformar la Constitución, por lo que un primer paso sería reformar el sistema binominal, para que mediante éste “se cambie la estructura de la cámara y entonces modificar los quórum para aprobar reformas constitucionales”.

Por su parte, David Fernández de la Pradilla, director ejecutivo de Aresol, describió los sistemas de energía renovable más utilizados en Europa, los cuales han demostrado gran éxito entre los clientes, además de reducir el daño al medio ambiente.

En el caso de Chile, Fernández fue enfático al indicar que el país cuenta con todos los factores necesarios para aprovechar la energía solar, la cual no se limita a la instalación de paneles en la zona norte.

“Chile tiene un gran potencial para generar energía fotovoltaica y es un mito el hecho de tener que construirlos [paneles solares] sólo en Atacama”, dijo.

Asimismo, comentó que es posible comenzar a preparar estrategias energéticas combinadas, donde sólo sea necesario recurrir a combustibles fósiles o más contaminantes en caso de que la fotovoltaica, eólica o la de biogás fallen.

De esta manera, Fernández concluyó que Chile podría comenzar a integrar este tipo de energía en su matriz, reduciendo los costos de producción, la contaminación y significará una alternativa al actual sistema eléctrico nacional.

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