Mientras las exportaciones de vino marcan récords, los agricultores afirman que la política de precios es poco transparente.

Una fuerte recuperación está viviendo la industria vitivinícola, con una marcada tendencia de expansión, tanto en lo que se refiere a los montos exportados como a los volúmenes, especialmente en lo que respecta a los productos de mayor valor. Ello es consecuencia de la reactivación que están exhibiendo las principales economías del mundo, que es donde se dirigen mayoritariamente los envíos chilenos, tales como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Japón, destinos que concentran un 45% de las exportaciones.

Es así como la cifra acumulada a 12 meses en exportaciones totales de vino alcanzó los 747 millones de litros y un nuevo récord de US$1.455 millones, con crecimientos de 21,4% en volumen y 6,9% en valor. En junio, en tanto, mostró un pequeño retroceso en volumen (-0,5%), pero crecimiento en valor (6,3%) y precio promedio (7,0%). De esta forma, el primer semestre del año presentó un incremento en volumen del 17,6% y 12% en valor, llegando a 356 millones de litros y US$ 688 millones.

Ante ello, René Merino, presidente de Vinos de Chile, manifiesta que “esperamos que la tendencia creciente de la exportaciones de vino embotellado se mantenga y lleguemos en diciembre a una tasa del 8% en valor. Hasta ahora el incremento en los precios promedio ha sido bajo (1,7%), debido a la lenta recuperación de los canales donde se venden los productos de mayor valor (restaurantes y tiendas especializadas), pero creemos que esas ventas se acentuarán este segundo semestre y terminemos el año con un precio promedio de US$28 por caja, un 5% superior al de 2009”.

Sin embargo, los productores de uvas protestan que el renacer de la industria no los está beneficiando a ellos, pues los poderes compradores tendrían supuestos acuerdos tácitos horizontales, donde un actor relevante fija el precio y el resto lo sigue. Según los agricultores, esta falta de transparencia los está perjudicando, por lo que piden la intervención de las autoridades competentes, como el Ministerio de Agricultura y la Fiscalía Nacional Económica. Y en ese aspecto plantean que la solución debiera pasar por una lista pública de los precios a pagar por cada comprador, con una variación en función del valle y calidad.

Fuente: Estrategia

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