Un paro agrario está impactando al sector agroexportador de Perú, con empresas vandalizadas en medio de jornadas de movilizaciones.

Representantes del sector afirman que el problema surgió a raíz de empresas que tienen prácticas informales de contratación.

De acuerdo con lo informado por la prensa local, miles de trabajadores del sector agroindustrial de la región de Ica, al sur de Perú, estarían demandando mejores condiciones laborales. Además, el conflicto involucraría una demanda por la derogación del Decreto de Urgencia 043-2019, el que extiende por diez años la vigencia de la Ley de Promoción Agraria, hasta 2031.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández, señaló a medios de prensa local, que el malestar social se agravó, por una norma que autoriza la contratación de personal para la agroindustria, a través de empresas intermediarias, también llamadas services.

Manifestantes declararon estar recibiendo sueldos por debajo de lo establecido en la Ley, lo que el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos afirmó sería debido a las "service" infringiendo lo establecido, consignó RRP.

Las movilizaciones incluyeron jornadas de paros, movilizaciones, bloqueos de caminos y, en algunos casos, la vandalización de empresas como Agrokasa, Beta y Miranda.

Vulneración a la Ley

Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios de Perú AGAP le explicó a PortalFrutícola.com que parte del problema surge porque algunas empresas no cumplen con la Leyde Promoción Agraria, lo que impacta a los trabajadores.

Señaló que ellos han solicitado mayores fiscalizaciones por parte de las entidades gubernamentales correspondientes, lo que no ha ocurrido con la fuerza que se necesita.

De acuerdo con él, el problema no radica en la Ley de Promoción Agraria en sí, como indican algunos de los sectores adheridos a la protesta, sino que en la falta de regulación a ciertas empresas.

En un comunicado liberado por la asociación señalaron que "los trabajadores de las empresas que se encuentran en el marco de dicha Ley tienen todos los beneficios laborales y son permanentemente fiscalizados por la SUNAFIL". 

Afirmó que ellos condenan aquellas empresas que están vulnerando los derechos de los trabajadores. Añadió que los asociados a AGAP mantienen firme su compromiso de seguir fomentando la generación de empleo formal en el agro; y condenan firmemente cualquier mala práctica que atente contra los beneficios laborales de los trabajadores.

Durante la mañana del martes el Gobierno de Perú informó que una comitiva de alto nivel llegaría a Ica para establecer diálogo y escuchar las demandas. La comitiva estaría conformada por altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI), y del Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo (MTPE).

Hasta la tarde del martes no había información respecto a si se había alcanzado algún acuerdo.