Los parlamentarios derechistas del sur de España han ignorado las protestas del gobierno central, la UE, la Unesco y varios grupos ecologistas votando a favor de conceder una amnistía a los cultivadores ilegales de frutillas que han estado extrayendo agua del acuífero que alimenta uno de los humedales protegidos más grandes de Europa.

De acuerdo The Guardian, el miércoles por la tarde, el parlamento regional andaluz aprobó la propuesta, que "regularizará" 1.461 hectáreas (3610 acres) de tierra cerca del parque nacional de Doñana, lo que permitirá a los agricultores que han excavado pozos ilegales y construido plantaciones ilícitas en la tierra para legitimar sus operaciones.

La controvertida propuesta fue presentada por el conservador Partido Popular (PP), que gobierna la región, y respaldada por el partido de centroderecha Ciudadanos y el partido de extrema derecha Vox. La rama regional del gobernante Partido Socialista de los Trabajadores de España se abstuvo, mientras que su socio de coalición nacional, Unidas Podemos, se opuso a la medida.

El presidente regional, Juan Manuel Moreno del PP, defendió la legislación prevista, alegando que permitiría a las autoridades controlar más de cerca las escuchas que se han estado realizando durante años, detalló The Guardian.

“Nadie debe pensar que vamos a erosionar nuestras joyas naturales tanto como un milímetro”, dijo Moreno el mes pasado. “Vamos a protegerlo porque eso es lo que la ley nos dice que hagamos y porque eso es lo que queremos hacer”.

Tales comentarios, sin embargo, han hecho poco para convencer a los opositores del plan.

SEO BirdLife, la sociedad ornitológica española, calificó la votación de este miércoles como “un paso más hacia la extinción de Doñana”, mientras que WWF España dijo que empleará todos los recursos a su alcance para combatir “este golpe mortal al ya sobreexplotado acuífero que da vida a Doñana”. ”.

El martes, la ministra española para la transición ecológica, Teresa Ribera, le escribió a Moreno y le comentó que la propuesta amnistía podría dañar la imagen internacional de España, socavar los esfuerzos para abordar la emergencia climática y podría resultar en que la UE emprenda acciones legales costosas.

“Dado el enorme daño, tanto económico como ambiental, por no mencionar el daño a la imagen de España en el exterior, les pido que abandonen este proceso ante el parlamento andaluz, que podría resultar tan dañino para España”, escribió Ribera.

El suministro de agua a Doñana, donde las marismas, bosques y dunas se extienden a lo largo de casi 130.000 hectáreas en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, se ha reducido drásticamente en los últimos 30 años debido al cambio climático, la agricultura, la contaminación minera y el drenaje de las marismas. Doñana es visitada por millones de aves migratorias cada año y también alberga una importante población de linces ibéricos en peligro de extinción.

En 2013, la Unesco, que declaró el parque nacional como patrimonio de la humanidad en 1994, dijo que el estatus de tesoro podría perderse si no se hacían esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra la extracción ilegal de agua para alimentar las granjas de fresas. La agencia de la ONU ya ha pedido al Gobierno español un informe urgente sobre la amnistía “antes de que se tomen decisiones difíciles de revertir”.

Las granjas de frutos rojos juegan un papel muy importante en la economía local. Entre enero y junio del año pasado, las exportaciones de frutos rojos de Huelva -casi el 20% de las cuales se destinan al Reino Unido- ascendieron a 801,3 millones de euros (678 millones de libras esterlinas).