Por Dr. Karina Buzzetti, Directora de Investigación Consultora AgriDevelopment.

Hace mucho tiempo que la opinión pública plantea diversas críticas a la labor del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en especial por el aumento de ingreso de plagas y enfermedades al país.

Lo cierto es que varias aristas de control están desprotegidas actualmente, pero muy pocos países, geográficamente hablando, podrían ser comparados con el nuestro. Muy atrás queda el concepto de Chile como isla fitosanitaria debido al aumento del intercambio migratorio; a la existencia de puntos de ingreso irregulares a lo largo de todo el territorio; a la falta de cooperación de viajeros (ya sea por desconocimiento o por dejación), a la distribución y diversificación de la producción agrícola que Chile posee, entre otros factores.

Dentro de este contexto, llama la atención la fluctuación de presupuesto disponible para destinar a los diversos programas que deben ser ejecutados por el SAG, en especial los que guardan relación con el sistema de vigilancia fitosanitaria. Los recursos y el personal son limitados y ajustables cada año dependiendo de las prioridades del Ministerio de Agricultura, y, humanamente hablando, se ven superados por la alta demanda y variedad de labores a ejecutar.

Entonces, ¿qué esperanza hay de que Chile se mantenga aún en una situación privilegiada desde el punto de vista fitosanitario? ¿Hay esfuerzos reales por mantener esta condición?

Mas allá de discutir sobre los montos destinados a cada programa y la pertinencia técnica de mantenerlos vigentes aun, quisiera destacar el esfuerzo grupal que realizan algunos profesionales dentro del Servicio, bajo la dirección del Sr. Rodrigo Astete por incorporar innovación y mejorar los sistemas de alerta actuales.

En un equipo conformado por los profesionales Marco Muñoz, Joselyn Yevenes, Ruth Castro en la directiva (Sag Central) y a nivel local (Región de O’Higgins) por el Sr. Claudio Moore T., Claudio Rojas, Oscar Rojas e Isidora Melendez, se ha estado investigando, a modo exploratorio y sin ningún afán comercial, tecnologías de punta en sistemas de monitoreo automatizado. Esto a raíz de la inquietud planteada hacia el SAG por algunos dirigentes y asesores, y gracias a la donación de un particular, de un equipo de tecnología de punta en ese ámbito.

La investigación ejecutada en un predio de la Región de O’Higgins (específicamente en el mismo huerto donde se detectó por primera vez Drosophila suzukii en la región), permitió conocer de primera fuente y de manera imparcial las posibilidades de implementar un sistema de monitoreo tecnológico, evaluar las limitantes técnicas de esta tecnología y comparar su eficiencia respecto a otros sistemas de monitoreo.

En esta investigación además se contó con la venia del productor, quien, visualizando el bien país detrás de estos avances, permitió la instalación de más de 80 trampas de diversos tipos en su huerto, facilitando el ingreso periódico de los monitoreadores y entregando información de su programa fitosanitario sin tener en este caso obligatoriedad de hacerlo.

En mi propia experiencia evaluando estas tecnologías (de diversas marcas y versiones), estos sistemas permiten simplificar algunas labores (limpieza de pisos de las trampas, abordar con menos esfuerzo grandes áreas de trabajo, espaciar la periodicidad de visita), pero no permiten, hasta la fecha, prescindir de personal capacitado en taxonomía básica. Menos cuando de ello depende todo un sistema de cuarentena, pues podrían levantarse alertas falsas que perjudiquen al productor.

Similares conclusiones se han podido extraer de la experiencia conducida por el SAG, no obstante, se siguen evaluando alternativas que permitan mejorar la eficiencia de las alertas pues existe, dentro del equipo, un compromiso ético permanente con el servicio público, que queda en evidencia en el ímpetu de ejecutar labores que permitan apoyar a los productores con un sistema confiable de apoyo técnico, no sólo con el afán fiscalizador sino con el afán de proteger el patrimonio fitosanitario del país.

Hay un esfuerzo pendiente para que Chile permanezca en una adecuada situación fitosanitaria, pero ese esfuerzo no puede provenir sólo desde unos pocos de cada ámbito (público- privado). Educar, ser consecuentes y responsables es tarea de todos los que estamos en el rubro agrícola, y en eso el enfoque de la formación de nuevos profesionales y técnicos del rubro debe revitalizarse.

De igual manera debe existir un aporte mutuo entre productores, asesores y el SAG, pues, por temor a las  medidas de cuarentena o control, las señales de alertas muchas veces se han dado tarde, cuando ya el nivel de población presente de las plagas se encuentra muy por sobre el nivel daño económico, lo que genera la necesidad de costosos e ineficientes programas nacionales de manejo, debiéndose destinar montos exorbitantes de dinero a controlar, erradicar o contener insectos, enfermedades o malezas que prácticamente se encuentran establecidas al momento de detectarlas oficialmente.

El costo de estos programas proviene del presupuesto público, por lo que directamente afecta a todos, incluso a aquellos que deciden no comentar al SAG sobre sus inquietudes, o a aquellos que irresponsablemente insisten en traer material vegetal o animal no autorizado.

Por ahora las esperanzas existen, pero todo depende de la red de trabajo conjunto que podamos generar.

Fotografía: Shutterstock.com