Por David E. Williams, Gerente de Programa del IICA sobre Agricultura, Recursos Naturales y Cambio Climático

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, se convino el mes pasado en Río de Janeiro, exactamente veinte años después de la histórica "Cumbre de la Tierra" de 1992 que se caracterizó por el optimismo arrebatador de los ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos. La conferencia de este año, a pesar de ser el evento más grande y más ambicioso que haya sido organizado por las Naciones Unidas, con 94 jefes de Estado y cerca de 50.000 participantes de 188 países que asistieron, tuvo un tono más pesimista.

En contraste con el alto perfil y las expectativas de la reunión, el documento final de Río+20, titulado "El futuro que queremos", decepcionó a muchos de los participantes y fue declarado un rotundo fracaso por otros. El documento recibió numerosas críticas por dejar de lado la inclusión de objetivos explícitos de desarrollo y compromisos concretos de los gobiernos (en particular de los países más ricos) para tomar una acción decisiva y proporcionar una financiación significativa (en particular a los países más pobres) para poner en práctica la deseada “receta” del documento para lograr el desarrollo sostenible.

La agricultura sólo recibió una ligera mención en el "Zero Draft" del documento, que se preparó antes de la conferencia. En respuesta a este descuido, varias organizaciones internacionales, entre ellos el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), entre otros , hicieron circular informativos y notas técnicas enfatizando la importancia de poner la agricultura en la agenda. Y estos llamados a la acción fueron oídos. En el ampliamente difundido documento final, a los temas de seguridad alimentaria, nutrición y agricultura sostenible se les tuvo debidamente en cuenta, lo que refleja por parte de los delegados el reconocimiento colectivo del crucial papel del sector en el logro del desarrollo sostenible en todo el mundo.

El texto final de Río +20 hace recomendaciones detalladas de áreas prioritarias que requieren de la acción y seguimiento. En el ámbito de la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible, el documento enfatiza la dimensión social de la producción de alimentos, incluidas las contribuciones -a menudo pasadas ​​por alto- de las comunidades rurales, pequeños agricultores, campesinos indígenas, y de las mujeres que trabajan el campo. Reconoce la importancia de las prácticas tradicionales de agricultura sostenible, incluyendo los sistemas tradicionales de suministro de semillas, y pide una mayor cooperación internacional e inversión para permitir tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles, particularmente en países en desarrollo.

La agricultura es la actividad mediante la cual los recursos naturales: aire, suelo, agua, biodiversidad y energía - se transforman en alimentos, y es, con mucho, la interacción más importante entre los seres humanos y el medio ambiente. Muchas duras lecciones se han aprendido de las consecuencias perjudiciales de las prácticas agrícolas no sostenibles y una mayor atención se centra ahora en los sistemas agrícolas amigables con el medio ambiente –algunos modernos, otros de larga data- que son viables, sostenibles, y que proporcionan servicios ecosistémicos esenciales. La investigación científica combinada con los conocimientos tradicionales están proporcionando las respuestas que posibilitarán a los agricultores reducir o eliminar las causas de la erosión del suelo, la contaminación del agua, la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que aumentan su capacidad de adaptación al cambio climático y continúan produciendo los alimentos que necesitamos para sobrevivir.

El documento final de Río+20 establece inequívocamente que “el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y (…) todos los países, en particular los países en desarrollo, son vulnerables y ya están experimentando los impactos mayores, incluyendo las persistentes sequías y fenómenos meteorológicos extremos”.  El documento continúa enfatizando que "la adaptación al cambio climático representa una prioridad global urgente e inmediata".

Para permitir a los agricultores mantener su capacidad de producción de cara al cambio climático, los tomadores de decisiones de los gobiernos necesitan aumentar drásticamente las inversiones en investigación agrícola. Como lo demuestra el ejemplo de Brasil, esas inversiones tendrán buenos dividendos futuros, sin mencionar el poder evitar los costos mucho más altos de tener que responder a eventuales malas cosechas, la escasez de alimentos, y las catastróficas consecuencias sociales ésto conlleva.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) promueve activamente la adopción de prácticas agrícolas sostenibles a través de la difusión de tecnologías apropiadas e innovadoras, incorporando un modelo de desarrollo rural socialmente inclusivo y respetuoso del medio ambiente que incluye la gestión de los recursos naturales en el ecosistema, cuencas hidrográficas y la escala del paisaje, una mejor conservación y el uso de la biodiversidad agrícola, y un uso más eficiente de los recursos suelo, agua y energía. Este enfoque integrado también fomenta el acceso de los agricultores a los mercados, la mejora de las cadenas de valor, y la adopción de políticas nacionales que impliquen una colaboración más estrecha entre los ministerios de agricultura, medio ambiente y el comercio. Las conclusiones de la Conferencia Río +20 proporcionan un apoyo de facto al programa de trabajo del IICA, que se financia con contribuciones de los países miembros, así como de donantes internacionales. La cooperación técnica y la visión del IICA representa un compromiso significativo y tangible para que "El futuro que queremos" sea una realidad en América Latina y el Caribe.

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